Marzo 2017 – Jorge Blanco – Cuando unos países se dirigen hacia la privatización de las actividades energéticas internas, otros vienen de vuelta al sistema estatal, lo cual indica que ninguno de los dos extremos es una panacea para curar nuestras debilidades técnicas y económicas y abaratar el precio de los diferentes insumos energéticos.
En el pasado, el crecimiento industrial del país, requería de un abastecimiento energético que lo sustentara. Hoy, el crecimiento se basa en la proliferación de servicios e industria electrónica de baja intensidad energética y por lo tanto la relación entre la tasa de
crecimiento de la energía y la tasa de crecimiento económico han disminuido su correlación.
Más bien, es el sector residencial, el que con la mejora en la calidad de vida, impulsa la demanda de electricidad y de hidrocarburos, con aparatos y vehículos importados que antes no se veían en las cantidades actuales.
La explotación de los recursos energéticos de un país debe procurar el bien común y no convertirse en un negocio que los extinga por la mera utilidad. Sin embargo, el sector privado puede contribuir con las inversiones necesarias para ese desarrollo sostenible de las fuentes energéticas y la operación de los sistemas que las producen, las transportan, las almacenan y las distribuyen. En este escenario, dado el papel estratégico que la energía juega en la sociedad, el Estado debe participar activamente en esas actividades para no ser víctima del desconocimiento de la técnica y las finanzas de esas operaciones, cayendo en la extorsión de grupos inescrupulosos que acaparen el mercado y quieran establecer sus reglas del juego. La regulación de esas actividades debe prevalecer, sobre todo donde implican la prestación de un servicio público y debe mantenerse el principio de servicio al costo más una utilidad razonable.
Así las cosas, es posible la contribución activa del sector privado en actividades que actualmente solo el Estado las realiza, siempre y cuando impere el criterio de eficiencia y eficacia, y sea real la disminución de costos y su reflejo en los precios de la energía que el país necesita, para elevar la competitividad de sus productos y disminuir el costo de vida de las mayorías, partiendo de la ingenuidad de que las cosas van a mejorar.
De esta manera en el sector eléctrico podría abrirse la posibilidad de generación privada de mayor magnitud y con otras fuentes no permitidas ahora, bajo la premisa de un Plan de Expansión Nacional que verdaderamente optimice el desarrollo de una matriz de oferta diversificada y reguarde el deseo nacional de tener el menor impacto ambiental posible, tanto internamente como en la contribución a la disminución de las emisiones producto de la acción antrópica. El despacho de esa generación debería mantenerse en el ICE, para garantizar la objetividad del mismo, así como el subsistema de transmisión, de tal manera que pueda seguir encargándose de las importaciones y exportaciones de electricidad.
La distribución de electricidad ya está concesionada por área geográfica, pero con base en su eficiencia y resultados esa concesión podría darse a otro distribuidor. Si el desarrollo económico y el potencial energético lo permiten, un segundo paso en el futuro podría ser el de establecer contratos directos entre generadores y grandes consumidores en el país o en países vecinos.
En el sector hidrocarburos, por su tamaño, merece un tratamiento diferenciado. Aunque cualquiera pudiera importar combustibles de manera general, RECOPE debería mantener las operaciones de descarga, almacenamiento temporal, trasiego por poliducto y planteles de distribución de sus propios productos importados y vender servicios a otros importadores, con el fin de no llenarnos de tuberías y planteles indiscriminadamente. Por otro lado, debería permitírsele abrir estaciones de servicio en el país y en el extranjero o hacer alianzas estratégicas con propietarios de estaciones nacionales, aprovechando su capacidad y eficiencia en compras internacionales. La refinación de petróleo crudo tendría que estar ligada a la posibilidad de realizar exploración petrolera en el país, ya que los márgenes serían más significativos y de impacto en los precios internos, pero eso depende de un acuerdo nacional. Además, sería conveniente permitirle explícitamente la actividad del gas natural y la investigación de fuentes alternativas al petróleo.
En fin, se pueden intentar cambios en la estructura y operación del sistema energético nacional con actores públicos y privados, pero no se puede olvidar que la operación integrada es la que les da a las grandes compañías su éxito económico. No por privatizar actividades se logra tener menores precios al consumidor, cuando se duplican funciones o no se logra la competencia necesaria.
Opinión de nuestro Socio Director de Centroamérica y El Caribe Jorge Blanco para el Diario CRHOY.COM, aquí el enlace de la publicación https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/opinion-la-reforma-del-sector-energetico/