Colombia ha estado en todas las portadas tras elegir a su primer presidente de izquierdas; Gustavo Petro. Muchos medios de comunicación social han especulado que un presidente de izquierdas en América Latina suena a malas noticias; política y económicamente. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro.
Petro prometió muchas cosas a los ciudadanos colombianos; En primer lugar prometió por un plan social de 5.000 millones de dólares que daría educación gratuita, sanidad universal y prometió que sacaría a millones de personas de la pobreza.
En segundo lugar es la medida de estado de emergencia económica, donde destaca su necesidad de implementar debido al hambre como catástrofe social, lo que justifica tal decisión. En Colombia si el presidente quiere convocar dicho estado debe pasarlo por el Congreso y después de una victoria en el congreso, podría gobernar y aplicar cualquier ley sin su consentimiento.
En tercer lugar ha sido lo referente a la transición energética hacia fuentes más verdes y dejar atrás los combustibles fósiles. Uno de los daños colaterales de esta decisión será ECOPETROL, empresa colombiana de petróleo y gas encargada del 60-70% de la producción de petróleo y gas del país. Petro anunció que reformaría sus actividades para pasar de ser una productora de petróleo y gas a una productora de energía eólica y solar; también despediría a personal directivo, teniendo en cuenta que es propiedad del Estado en un 88,5%.
Como presidente ya no ofrecería nuevos contratos de exploración petrolera, pero mantendría las licencias activas actuales. Sin embargo, el recorte de nuevos contratos petroleros podría costar al país caribeño 4.300 millones de dólares en ingresos fiscales hasta 2026.
Como vemos, Petro está dando una cara de “persona de pueblo” a los colombianos y a la comunidad internacional, abordando la frontera venezolano-colombiana como un tema de derechos humanos, el hambre y la pobreza en muchos sectores colombianos, dejando de lado el pulmón económico de Colombia y aumentando los impuestos a los ricos, bajando los impuestos al resto. Esta transformación económica, como vemos está tratando de involucrar a más trabajadores colombianos, pasando de los combustibles fósiles a la agricultura, la manufactura y las renovables.
Sin embargo, la realidad energética de Colombia lo que más requiere hoy en día en inversiones en exploración de gas natural. Según última información del ministerio de energía en Colombia: El índice de reservas de gas es de 7,6 R/P, es decir hay gas para 7 años y medio más. Existen 11 contratos de Exploración en el Offshore. Para los próximos 4 años se tiene programados 4 pozos exploratorios y unas inversiones comprometidas de $ 3.000 millones. A la fecha ya se han ejecutado inversiones por más de $ 800 millones con la autorización de Zonas francas para Petrobras, Repsol y Ecopetrol. Se ha invertido entre 2007 y 2018 más de $ 1.000 millones. No es cualquier cosa la que están juego
Los retos que se le viene al negocio del gas en el corto plazo son la falta de claridad sobre de donde vendrá el gas a largo plazo, ausencia de competencia en la oferta, bajo crecimiento de la demanda y la confiabilidad en el transporte y distribución.
Ante esta compleja realidad se abre un camino para la importación de gas vía gasoducto binacional Antonio Ricaurte desde Venezuela, respaldas por el proyecto de gas Cardon IV. Este Gasoducto binacional fue construido en la administración Uribe-Chávez que permitió al Occidente de Venezuela recibir gas desde Colombia con la promesa que ese flujo se revertiría. Hay un retraso de 10 años en la promesa, pero es que todo apunta a que se van alinear los planetas luego de una decada. Por un lado, Petro ha prometido restablecer relaciones diplomáticas con Caracas, Colombia pondrá más trabas para desarrollar su exploración y hará que Colombia requiera importar gas de una manera más estable y finalmente que ya en Venezuela el negocio del gas liderado por privados experimenta un renacer.