Un reciente taller realizado en Lima (Perú), analizó la problemática ambiental y de consulta previa en varios países de la región. Presentamos algunas conclusiones con el ánimo de aportar al debate regional y acelerar inversiones en el sector hidrocarburos.
En su gran generalidad, los trámites ambientales y de consulta previa no radican en los ministerios de energía o de hidrocarburos, sino más bien en otros ministerios o instituciones especializadas que defienden temas ambientales o aspectos sociales, respectivamente. Radicar estos asuntos en el ministerio del mismo ramo que promueven la actividad es convertirlos en juez y parte.
Para temas ambientales la práctica recomendada es crear institucionalidad dentro de los ministerios del ambiente. En estas instituciones debe recaer toda la responsabilidad para recibir, evaluar, aprobar y dar seguimiento a ‘todos’ los temas ambientales referidos a hidrocarburos. Los agentes no deben ser dirigidos a otras instituciones y esta entidad debe canalizar y coordinar con otras instituciones del Estado.
En casi la mayoría de los países estudiados, también existe una sola entidad que coordina la actividad de consulta previa, que es un tema social.
La empresa o agente ejecuta la consulta previa (con sus planes exploratorios definidos) en coordinación con esta institución social, que no es la institución ambiental y menos aún la institución que impulsa las actividades del sector, como es el caso de Perupetro en Perú. En Colombia por ejemplo es el Ministerio del Interior, a través de la dirección de consulta previa, quien realiza esta coordinación y aprueba los acuerdos llegados con las comunidades.
Estas dos instituciones deben contar con recursos humanos técnicos e idóneos, así como el equipamiento respectivo y los aspectos administrativos necesarios para su gestión y funcionamiento. En Colombia, por ejemplo, la entidad reguladora ANH que administra las áreas y promueve la actividad exploratoria, ha entregado recursos al ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para la contratación de más de 40 funcionarios técnicos que le permiten cumplir sus actividades y con los plazos establecidos. La consulta debe ser realizada a los pueblos originarios indígenas y los mismos deben estar identificados por el Ministerio de Cultura u otra institución que dé seguimiento. El área de acción y a quienes consultar debe estar identificado previo a que el agente económico haga la consulta.
La compensación es sin duda uno de los objetivos de la consulta y se concluyó que es mejor tener montos techo establecidos por ley (que guarden relación con el proyecto o actividad) y de esta manera no estar sujeto a pedidos irracionales o negociaciones interminables. Las exigencias son cada vez mayores y muchas veces es casi imposible arribar a acuerdos y esto demora las inversiones.
Ecuador por ejemplo ha establecido una metodología de compensación máxima, a cargo de una entidad estatal, que maneja los montos derivados de un porcentaje de las utilidades de las empresas y que están destinados a la compensación para comunidades originarias. Se está debatiendo en algunos países establecer compensaciones máximas y se recomienda que puedan darse sobre la siguiente base:
Un porcentaje de la inversión del proyecto en exploración, transporte y otras. Un porcentaje del monto de los hidrocarburos comercializados cuando ocurra la explotación. Estas compensaciones no serían entregadas de manera monetaria sino a través de proyectos a solicitud de las comunidades del lugar.
Destacar que Ecuador ha desarrollado un modelo informático denominado Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). Este modelo está implantado en la unidad especializada de la entidad ambiental donde se realiza la solicitud de todos los procesos de licencias y permisos.
Este sistema está desarrollado en forma digital y permite una efectiva interface entre la empresa y la autoridad ambiental.
En conclusión, la mayoría de los países estudiados en la región tienen esta configuración de dos instituciones, una para aspectos ambientales y otra para la consulta previa y que fijar montos techo para las compensaciones es un camino que debe estudiarse.